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Dependiendo de la autonomía, las cuantías de las rentas mínimas de inserción alcanzan cifras muy diversas y dispares. Al no tener una regulación estatal homogénea, las diferentes regiones tienen autoridad para determinar la cantidad de recursos y dinero que destinan a las familias en dificultades para que puedan cubrir sus necesidades esenciales. Esta cantidad oscila entre los 300 euros que aporta la región de Murcia y los 616 que concede el País Vasco.

El año pasado se llegaron a destinar en todo el país 442.221 millones de euros a estas políticas, una cifra que supone un incremento del 24,7% respecto a la cuantía destinada en 2007. El objetivo es evitar que las familias con menos recursos económicos caigan en la exclusión social y marginalidad. Son rentas gestionadas exclusivamente por las comunidades autónomas, diferentes a las aprobadas recientemente por el Gobierno para los parados que han agotado su prestación de desempleo.

El promedio total español de personas que se benefician de esta ayuda se sitúa en 2,47 por cada mil habitantes. Aunque, las cifras alcanzan cotas muy diferentes según la comunidad autónoma. En el País Vasco, la media por cada mil habitantes es de 18,41 personas, mientras que en Castilla-La Mancha y Murcia la cifra de titulares de esta renta de inserción representa un 0,2 y un 0,23 por mil.

Estas rentas, las rentas mínimas de inserción forman parte del sistema de ayudas sociales previsto para los colectivos más desfavorecidos. Las personas y familias con problemas económicos que no puedan acceder a este tipo de prestaciones sólo tienen como alternativa la asistencia que brinda otras organizaciones como son Cáritas y otras ONG.

Estas ayudas son diferentes y dispares a las rentas activas de inserción, que se enmarcan dentro de las políticas de empleo. Estas prestaciones y/o ayudas, reguladas estatalmente, tienen como misión incrementar las posibilidades de trabajo de colectivos muy específicos, especiales y muy concretos como los discapacitados, las víctimas de violencia de género, los emigrantes retornados o los parados mayores de 45 años.

Danos tu opinión y nos preguntamos:

¿Deberían depender estas ayudas de las autonomías o del gobierno central?